Los orígenes de la próxima gran crisis argentina

En la foto que se difundió esta semana con el ministro celebrando con algarabía excesiva que vamos "a poder pagar" o lo que es lo mismo a contraer nueva deuda externa, se resume la hora. Ya hay planes de enorme endeudamiento pero se deben armar cláusulas férreas que les aseguren a los que prestan que no vendrá otro gobierno populista a renegociarles las condiciones y complicarles la especulación.
El tiempo dirá, pero atarse al mundo es seguirle los pasos en sus ciclos habituales de transferencias de activos hacia los concentradores de riquezas globales.
Si bien pudimos esquivar el 2008 que sacudió a todos los países adscriptos al neoliberalismo globalizado gracias al "populismo" que nos protegió con sus políticas contracíclicas, todo hace pensar que ahora el mundo nos incluirá en sus próximos cataclismos económicos. Solo nos falta conocer la fecha: ¿2018, 2020?

IXX - abr2016

http://nestornautas.blogspot.com.ar/2016/04/un-primer-paso-hacia-los-ttp.html



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domingo, 17 de abril de 2016

UN PRIMER PASO HACIA LOS TTP

En relación a la principal noticia de tapa de La Nación del viernes, leíamos en la nota principal: "...la carpeta de alrededor de 10 hojas circula por despachos clave de la Casa Rosada desde hace semanas. Contiene una lista de proyectos de infraestructura que abarca obras sanitarias, rutas, centrales eléctricas y hospitales, entre otras cosas. Son los principales lineamientos de un megaplán que la administración de Mauricio Macri tiene previsto anunciar tras el pago a los denominados fondos buitre y constituye una de sus mayores apuestas para ensayar un intento de reactivación económica en el segundo semestre del año. Su realización depende, en parte, de un paso difícil de anticipar: la aprobación en el Congreso de un nuevo régimen de inversión en obras públicas con garantías para el sector privado. El Gobierno considera esa herramienta como un mecanismo fundamental para cubrir un tercio de las inversiones en obras con las que Macri espera transitar su mandato. Una fuente que participa de la mesa chica de discusión puso una cifra a esas ambiciones: hasta US$ 40.000 millones en cuatro años. Semejante premio esconde un escollo difícil de sortear: para atraer a los inversores de otros países, una parte del Gobierno recomienda resolver las eventuales disputas en tribunales extranjeros, sin pasar por la justicia local.Aunque la semana próxima el país saldrá del default, el equipo de Macri reconoce que el tendal de contratos rotos que dejó la crisis de 2001 le imprimió al país una mala fama entre los organismos financieros que no se borrará sólo con el voto de confianza del mercado al Presidente. Por eso trabajan en alternativas para disminuir la eventual discrecionalidad que pueda tener el país en caso de conflictos con los inversores. Si se trata de una cuestión comercial o financiera, siempre que una parte sustancial de la inversión haya provenido del exterior, una parte del grupo de trabajo recomienda renunciar de manera expresa al fuero contencioso administrativo y tributario para dirimir la disputa en un tribunal internacional, por ejemplo el Ciadi. El organismo fue la sede de centenas de juicios contra el Estado tras la crisis de 2001. Un funcionario que vio la última versión reconoció que dejaba abierta la puerta para dirimir conflictos fuera del país. El proyecto estaba casi listo a fines de marzo, a tal punto que la Jefatura de Gabinete pensaba presentarlo al Congreso en los días siguientes. Se trataba de un documento que había hecho el estudio Cassagne a pedido de Horacio Reyser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales..." (las negritas son nuestras)

A medida que se avanza hacia la resolución efectiva del conflicto con los fondos buitres (en el cual el gobierno ha cifrado todas las esperanzas de reactivación económica) se le empiezan a ver las patas a la sota: la "lluvia de inversiones" que sería consecuencia del acuerdo (argumento que también sedujo a buena parte de la oposición para votarlo en el Congreso) viene con trampa, por ejemplo el establecimiento de un régimen especial por el cual las eventuales diferencias que surjan de los contratos (supongamos por construir una ruta) no se resolverán en el país, ni aplicando la ley argentina.

Al mismo tiempo el país está saliendo a tomar una abultada deuda para pagarles a los buitres, con legislación de Nueva York y jurisdicción de sus tribunales. Si eso se justificaba (o pretendía justificar) en que se trata de la principal plaza financiera del mundo, que un contrato de obra pública siga el mismo rumbo no tiene demasiada justificación visible; máxime cuando el país ya tiene vigentes tratados bilaterales de inversión con EEUU y la mayoría de los países de la UE que aceptan la jurisdicción del CIADI para la protección de inversiones.  

A menos que se trate de una estrategia del gobierno para ir metiendo de a poco y en cuotas los TTP o tratados bilaterales de libre comercio que impulsa el gobierno de EEUU, de los que dábamos cuenta acá; y que justamente consisten en eso: una abdicación total de la soberanía del país, resignando aplicar su legislación y la actuación de sus tribunales para los conflictos derivados de contratos que -a diferencia de los bonos de la deuda- se ejecutarán íntegramente en el país.

Como el artículo no lo aclara, pero el día anterior el mismo diario se quejaba en su editorial de "las rigideces" de nuestra legislación laboral, cabría preguntarse si por ejemplo un conflicto laboral de una empresa extranjera con sus empleados argentinos se resolverá en el CIADI, y poir un laudo arbitral que aplique las leyes laborales de otro país. 

Por si el retorno a los 90' fuera poco, el "asesoramiento calificado" en la materia lo aporta el estudio Cassagne, uno de los principales artífices de las privatizaciones menemistas (la de la generación, transporte y distribución de electricidad, sin ir más lejos) de los dos lados del mostrador: como funcionario primero, y como asesor de las empresas concesionarias, después. 

Cuando el proyecto aterrice finalmente en el Congreso, habrá que actitud toman los opositores "responsables" (Bossio, Massa, Urtubey, Pichetto) que levantaron la mano para validar el pacto buitre, con el argumento de que era la puerta de entrada a fondos del exteriores para hacer inversiones en obras de infraestructura.