El capitalismo local entre la coyuntura y la estructura

10 años de kirchnerismo: el capitalismo local entre la coyuntura y la estructura
Fuente: herramienta.com.ar

Autor(es): Gambina, Julio C.
Gambina, Julio C.Gambina, Julio C.. Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor Titular de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

Al cumplir una década de gobiernos kirchneristas (Néstor Kirchner entre mayo 2003 y diciembre de 2007 y Cristina Fernández entre diciembre de 2007 a 2011 y desde entonces hasta 2015), la “política económica” se ejerce desde la intencionalidad de mantener el nivel de actividad ante la desaceleración económica; la disputa estatal con los empresarios por el control de los precios; la captura de dólares para cancelar deuda y la factura de combustibles; junto a problemas estructurales que definen el modelo productivo y de desarrollo. El problema es que funcione el capitalismo local de forma “normal”, creciendo y satisfaciendo necesidades de ganancia y salario, al tiempo que crece el consenso mayoritario en el estado de las cosas.
Para ello, y como es habitual en el Gobierno, existe una fuerte iniciativa política en la disputa del consenso social, cuestión privilegiada desde el ejercicio de políticas activas tendientes a lograr el crecimiento económico (sin discutir su contenido ni beneficiarios); la distribución secundaria del ingreso (favorecido por superávit fiscal) más allá de la desigual distribución de la riqueza; la sensación de que el objetivo de las políticas del Estado apuntan a satisfacer las necesidades sociales más extendidas y que, además, no se puede ir más allá del horizonte posible definido por el oficialismo.

En ese sentido y a punto de celebrar la década, se destaca el incremento de las asignaciones familiares que supone una apuesta al consumo (popular) ante lo esquivo que resultan las inversiones privadas y el saldo favorable entre exportaciones e importaciones. El crecimiento económico se define entre el consumo, la inversión y el saldo positivo del comercio externo, siendo el consumo una de las pocas variables que aún puede inducir el Gobierno desde su iniciativa. Claro que también pueden entenderse esas medidas como propuestas pre electorales y previas al masivo acto por el festejo relativo a “una década de gobiernos kirchneristas”, pero la realidad es que una masa importante de sectores de menores ingresos percibirá una cantidad de ingresos que son necesarios para enfrentar la dura cotidianeidad de la inflación. Son medidas que otorgan visibilidad a una voluntad política para disputar consenso electoral entre los sectores de menores ingresos, los empobrecidos, base electoral del kirchnerismo.
La cuestión de fondo es que la economía argentina no crece a buen ritmo y ya no genera empleos como en períodos previos (2002-2006), incluso los pierde, con el índice del desempleo en ascenso, tal como mide el propio INDEC. Por eso se apuesta a políticas activas que favorezcan el consumo popular, agredido por el crecimiento de los precios, que afectan especialmente a los más pobres y de menores ingresos. El consumo suntuario crece, por ejemplo en la compra de automotores, en tanto opción de inversión ante las restricciones a la compraventa de divisas. Es el crecimiento del consumo lo que dinamiza la economía capitalista contemporánea, más que la inversión o el comercio externo. Es que la propia titular del Poder Ejecutivo enfatizó que el consumo definía al capitalismo. Vale la mención en un tiempo donde el capitalismo global induce el consumismo como forma de realización de la individualidad.
Los precios son un problema de la coyuntura, que afectan a los de abajo, y que el Gobierno no incluye en su diagnóstico, si nos atenemos a las mediciones del INDEC, negador por excelencia de la real evolución de los precios. Sin embargo, la presidenta señala a los empresarios como los actores determinantes en la fijación de precios, y no el Ejecutivo. Lo desataca en simultáneo con el anuncio del fin del fallido acuerdo de precios (febrero a mayo de 2013), que no tuvo resultados positivos evidentes. La continuidad por el control remite al acuerdo de precios, ahora, sobre 500 productos de consumo masivo entre junio y octubre, para intentar llegar a las elecciones de medio turno (octubre de 2013) con la imagen de situación controlada y no perder consenso electoral. Como siempre, los resultados serán dudosos, pero tienen efecto coyuntural en la disputa del voto.
Pero la novedad fue el anuncio de controles con la militancia de organizaciones sociales y políticas, los que cubrirán una actividad de vigilancia del acuerdo de precios, principalmente sobre el comercio. En varias ocasiones hemos sostenido la necesidad del control popular sobre los precios, el ejercido principalmente desde los trabajadores en las principales empresas, las que definen los precios. El conflicto social en la Argentina contra empresarios e inclusive contra el Gobierno no favorece una política de control popular de precios. No es el mejor clima para una campaña que involucre a los trabajadores. Es un comentario válido incluso para las corrientes sindicales proclives al kirchnerismo, las que disputan contra los empresarios, y a veces contra el Gobierno, en las convenciones colectivas por el salario y las condiciones de trabajo. El efectivo control popular se define en el control obrero, que remite al protagonismo de los trabajadores en las empresas monopólicas, aquellas que tienen condiciones para establecer los precios.
Solo un control en origen, de la producción y los registros contables, puede asegurar frenar la impunidad patronal y limitar los efectos de la ley del valor en la vida cotidiana del capitalismo. La ley del valor define los precios en las sociedades mercantil-capitalistas, y estos, los precios, pueden oscilar por encima o por debajo del valor en función de las necesidades y posibilidades hegemónicas del capital en cuestión. La única posibilidad de contrarrestar el fenómeno en el capitalismo es el accionar consciente y deliberado de los trabajadores productores de bienes y servicios en las empresas que ejercen el poder desde su condición de monopolio. No alcanza con el Estado y su voluntad de control. Se requiere el protagonismo consciente del movimiento obrero, que en las condiciones de la Argentina sufre las vicisitudes de la ofensiva del capital desde 1975/76.

Cuestiones estructurales en discusión

Pero más allá de la adhesión o no al Gobierno existen problemas estructurales que alejan al movimiento obrero del oficialismo. En este sentido se destaca que no hay personería jurídica para miles de organizaciones sindicales que demandan reconocimiento al Estado. Se trata de un fenómeno de agrupamiento sindical de una nueva organicidad social de los trabajadores, mayormente jóvenes que descreen de las orgánicas tradicionales del movimiento sindical. Estas siguen atrapadas en el viejo modelo del sindicalismo burocrático y funcional al capitalismo de otra época, aquel que viabilizaba el proceso de negociación entre patronos, gobiernos y sindicatos de viejo cuño. Tampoco existe personería para la CTA, la novedad más importante de organización sindical de nuevo tipo, que hace más de dos décadas pelea por su legitimidad. Una legitimidad que parece destinada a lograrse en la lucha y organización cotidiana, tal como se puso en juego el 20 de noviembre de 2012 (en unidad de acción con la CGT), el mayor acontecimiento de la lucha de clases en ese año; o el pasado 29 de mayo con la realización de un paro nacional con cortes de calle y rutas en conmemoración del Cordobazo y por un conjunto de reivindicaciones muy concretas, como el salario, las jubilaciones, las paritarias, pero también la condena al pago de la deuda externa pública y el reclamo por otro modelo productivo contra la sojización y la megaminería.
Queda claro que la evolución de los precios es un problema de la coyuntura, y las medidas de acuerdo o de control militante lo prueban, pero se insiste en reconocer la mentira estadística. Es un problema que requiere solución, en el camino que reclaman los propios trabajadores del INDEC, que demandan la normalización del ente y, al mismo tiempo, una política de combate a la inflación controlando muy pocas y grandes empresas que fijan precio en la Argentina. Es que la inflación es la forma concreta a que acude el capital hegemónico para apropiarse de gran parte de la renta nacional socialmente generada. No todos los países tienen  inflación, ni en todos los casos existen formas idénticas de apropiación del producto social del trabajo. La inflación, en las condiciones de la lucha de clases local, es una de las formas más adecuadas de apropiación del producto del trabajo social local. De ello se deduce que no se puede ir contra la inflación si no se combate al propio capitalismo.
En ese marco se destaca la media sanción en el Senado de la Ley de exteriorización de dólares, o blanqueo (aunque el término le caiga mal a varios oficialistas), que más allá de los efectos o consecuencias económicas remite a problemas estructurales del capitalismo contemporáneo, no solo local, el “normal” o “serio”, que le dicen. Es que el capitalismo de época se asocia crecientemente al delito, a la fuga de capitales, la trata de personas, la droga, y múltiples formas de negocio, lo que incluye la corrupción. El dato sustancial es que la batalla por el dólar es una disputa entre las clases dominantes. Es un juego en el que no entran los de abajo, quienes apenas disputan la subsistencia. El Gobierno necesita los dólares porque no los fabrica, y sus fuentes genuinas fallan, sea por la tendencia al achique del superávit comercial, el ingreso de divisas por inversiones que son esquivas, y la ausencia de crédito internacional barato. La urgencia de hacerse de dólares, entre otras cuestiones, es para cumplir con las exigencias de una deuda externa pública que condiciona fuertemente a la economía local y la agigantada factura de combustibles ante la crisis energética local.
Como vemos, la coyuntura es exigente para el oficialismo y evidencia las tensiones que están en juego. Por un lado existe la presión de sectores de las clases dominantes para mejorar sus posiciones ante la situación de crisis y la desaceleración económica, local y mundial. Cada cual atiende su juego. Los empresarios hegemónicos ganaron mucho con la recuperación 2002-2007, y con la suba de precios (2007-2013) disputan la renta socialmente generada. Ahora van por más y quieren fugar capitales por la vía de la libre circulación de las divisas. Es una disputa por la tenencia de los dólares.
El problema es para qué se disputan esas divisas. El sector privado hegemónico pretende abaratar la fuga de capitales, su manera de salirse del peso y ahorrar en activos externos participando de la acumulación mundial de capitales. El Gobierno, como dijimos, para pagar deuda e importación de energía, mientras encuentra su lugar político en la división internacional del trabajo: es parte del G20 y se siente jugador de la primera división del capitalismo mundial. Intenta en ese marco juego propio, para lo que necesita también sujetos que lo sustenten, y si no es la tan mentada “burguesía nacional”, será el propio Estado nacional capitalista el que oficie en la función burguesa para liderar el capitalismo local.
Pero también existe la presión de los de abajo, por salario e ingreso, por condiciones de trabajo y por derechos sociales extendidos, de educación, salud, previsionales, entre otros.
Lo que está en discusión es el orden económico y dentro del que rige, el capitalismo, quién lo administra. Para ser más claros, en el balance de la década kirchnerista hay que colocar el objetivo que se propuso Néstor Kirchner en su discurso de asunción hace 10 años. Allí se pronunciaba por “reconstruir el capitalismo nacional”. Nunca estuvo en discusión su carácter burgués. En todo caso puede discutirse si es posible el horizonte nacional en tiempos de transnacionalización del capital mundial. Insistimos en que puede discutirse el carácter nacional, especialmente por la ausencia de una burguesía de carácter nacional, es decir, antiimperialista, pero no debe negarse que el capitalismo local superó los problemas económicos (valorización de los capitales) de la recesión 1998-2002, con años de crecimiento a un promedio del 8% entre 2003 y 2011, salvo el 2009. Pero, desde el 2012 el curso de la evolución económica se presenta errático y con tensiones sociales que intentan ser contenidas con política social masiva, favorecida por recursos fiscales provenientes de la primarización exportadora del país, una cuestión estructural que comparte con toda la región latinoamericana.
Ahora, en esa recuperación las que más ganaron son las transnacionales, no solo las vinculadas a la soja o la mega minería, sino las terminales automotrices, los bancos, especialmente los transnacionales, a la cabeza del ranking de rentabilidad en los últimos tres años.
El capitalismo local se transnacionaliza crecientemente y no puede ser de otra forma. El capitalismo es un régimen mundial y la agenda deviene de la deseada normalización ante la crisis. Entre otras manifestaciones de la crisis está la energética, y el país expropió parcialmente a YPF para desplazar al capital externo, Repsol. Sin embargo, para asegurar la producción de los no convencionales acude a la Chevron, una de las grandes operadoras monopólicas del mercado mundial. En ese camino involucra a la ANCAP, la estatal petrolera de Uruguay y a la YPFB, la petrolera boliviana. Nuestro interrogante es si esas empresas y otras de la región no podrían pensar en estrategias alternativas para un manejo soberano de la energía, lo que demandaría discutir el para qué del petróleo, el gas y la energía en la región; claro que ello supone ir más allá y contra el capitalismo. Es un camino complejo no solo por la Chevron, demandada por poblaciones de pueblos originarios del Ecuador por 19.000 millones de dólares, cuestión que caminó en la Justicia argentina, hasta el pronunciamiento contrario de la Corte Suprema de Justicia, que obviamente es la última instancia del régimen del capital. Es complejo, decimos, porque ya existen cinco municipios en nuestro país que se pronunciaron contra la tecnología de la fractura hidráulica, fracking, para extraer el “shale oil” o el “shale gas”, o hidrocarburos no convencionales. Nuevos “Famatimas” se anuncian en el horizonte.

¿Quién administra el capitalismo?  ¿Se puede pensar más allá del capitalismo?

Esa es una de las discusiones en boga, y cada quién constituye su sujeto.
Unos con actos y militancia, sueldos en el Estado, e incluso mística disputada desde una política de medios y con un relato que pretende apropiarse y recuperar la epopeya de los ’70.
Otros, con medios monopólicos y redes sociales que alimentan una subjetividad más propia de los ’90 para revertir la inflexión estructural que habilitó la rebelión de 2001.
Esa es la disputa más visible, los que están de un lado y los que están del otro en la disputa por la gestión del capitalismo local.
¿Es la única disputa posible? No, existe una masa considerable que avala ciertas actitudes de un lado y/o del otro, o ninguna a dos puntas, pero que transitan sin referencia que pueda aglutinar una posición política alternativa.
Esa referencia también estuvo en disputa en estos años, generando expectativas en ciertas coyunturas (a veces incluso electorales), y por variadas razones esas expectativas se frustraron, quedando vacío ese espacio político.
Uno de los problemas es que algunos sectores que pretendieron o pretenden mostrarse como alternativa a los dos bloques principales que disputan el escenario político no definen un rumbo anticapitalista, es más, se presentan como prolijos administradores del capitalismo existente, proclives a alianzas opositoras a cualquier costo. Otros, definiendo horizonte anticapitalista, no generan condiciones de posibilidad política, ni entusiasmo masivo para constituir alternativa popular.
No hace falta una tercera opción para administrar el capitalismo realmente existente, ni serio, ni normal, el que se pudo construir. Se necesita otro modelo productivo y de desarrollo, una sociedad que privilegie la satisfacción de las necesidades sociales más extendidas, que apunte a la des-mercantilización de la educación, la salud, la energía; que aliente la soberanía alimentaria, energética y financiera asociada a los otros países de la región, no para subordinar la estrategia productiva al gran capital, sino para promover una integración alternativa, antisistémica, contra el capitalismo real asociado al delito, a la militarización y el empobrecimiento de las mayorías, en definitiva, a un nuevo orden local y mundial.
En estos días en que se memora una nueva fecha de homenaje a la Revolución de Mayo, necesitamos reivindicar la “revolución”, ayer contra la corona española y hoy contra la dominación capitalista en el país, en la región y en el mundo.
El mejor homenaje esa revolución es continuar luchando por la revolución en nuestro tiempo, un proceso integral, económico, político, ideológico, cultural, civilizatorio. Es un camino con mucha historia y muchas derrotas, pero con expectativas por el laboratorio de cambios en la región en este comienzo del siglo xxi. No son vanas esperanzas, son expectativas para desarrollar subjetividad por otro mundo posible, anticapitalista y por el socialismo.

Artículo enviado por el autor el 25 de mayo de 2013, para su publicación en Herramienta.