La explotación de litio en Argentina

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Fuente Agencia Periodistica de Buenos Aires


Los que destruyen al país

La explotación de litio en Argentina o los depredadores de siempre

Argentina, Chile y Bolivia contienen el 80 % de las reservas mundiales de litio, un insumo fundamental para las baterías que mueven celulares, tablets y autos eléctricos. Un candidato favorito de la transición energética hacia la era post fósil. Informe revelador y un libro: “Geopolítica del litio”, que analiza las potencialidades, límites y conflictividades de su producción en Argentina.

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Lunes, 7 de Marzo de 2016

A más de 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar, disperso en las inmensidades de las salinas norteñas, hay un mineral que sobresale por su abundancia relativa: el litio, o también llamado recientemente el “oro blanco”, con promesas de convertirse en el petróleo del siglo XXI. Si bien su descubrimiento en el país data de principios de siglo pasado, el incremento en las últimas décadas de la demanda global de baterías de Ion-Litio utilizadas para dispositivos electrónicos y autos eléctricos, abrió el apetito atento de la valorización capitalista que motivó rápidamente tareas de exploración y explotación de las salinas y tardó poco más de una década en catapultar a la Argentina como el segundo exportador mundial de litio. Junto a las reservas contenidas en las entrañas de las salmueras chilenas y bolivianas, las especulaciones respecto a las potencialidades del área denominada triángulo del litio llevaron a algunos a postular la posibilidad de constituir una “Arabia saudita del litio” e incluso una “OPEP del litio”. Así lo destaca un informe recientemente publicado por La Izquierda Diario, que pasamos a reproducir.

El verdadero interrogante que aparece entre quienes han comenzado a poner su mirada analítica en la vorágine litífera no reside solamente en preguntarse sobre las oportunidades abiertas con la actividad extractivista, sino en la posibilidad concreta (o no) de que en Argentina se logre avanzar en la incorporación local de valor en la cadena productiva. Sobre la base de un completo tratamiento sobre la “cuestión del litio”, el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales se plantea calibrar la dimensión concreta de esas ilusiones a través de una destacada investigación reciente cuyos resultados se plasmaron en el libro Geopolítica del litio. Industria, ciencia y energía en la Argentina, coordinado por Bruno Fornillo y editado por El Colectivo y CLACSO.

Allí se presenta el despliegue de un conjunto de interrogantes que surgen indefectiblemente de las complejidades del objeto abordado en la propia investigación, debatiendo en torno a la energía, el sistema científico y tecnológico, las disputas territoriales y los pueblos originarios, el papel de los Estados provinciales y el Estado nacional, la economía, el medio ambiente, entre otros. En palabras de los autores de esta importante contribución: “el tratamiento que recibe el litio se presenta como un prisma privilegiado para ver la forma de resolución de dilemas en Argentina”.

Hasta hace unos años el litio se utilizaba principalmente para la producción de cerámicos y como insumo fundamental de algunos psicofármacos para el tratamiento de patologías que más crecieron en los últimos tiempos, tales como depresiones, insomnio, trastornos bipolares, ansiedad. El descubrimiento de las características óptimas en la utilización del litio –tercer elemento de la tabla periódica– como reserva de energía dio paso a una demanda creciente del mismo en el mercado mundial para la producción de baterías, con especial potencialidad para alimentar a los autos eléctricos. Se advierte igualmente que el mineral no produce energía, solamente permite el almacenamiento y un reemplazo en el consumo “individual” de la misma, manteniéndose la dependencia global con respecto a insumos tradicionales como los fósiles. Por ello, los autores consideran que lejos está de poderse nominar al litio como el “petróleo del siglo XXI”, como se ha pretendido, lo que no impide que su utilización para un nuevo esquema de energías “verdes” o sustentables pueda ser posible en tanto que de imponerse en el futuro las llamadas “energías limpias” (solar, hídrica, eólica) también sería indispensable contar con fuentes de acumulación y almacenamiento para las mismas. Asimismo, su aporte a la transición hacia energías menos contaminantes consiste en la capacidad de las baterías de litio en reemplazar millones de autos quemando combustible fósil alrededor del planeta. Se estima que los híbridos o eléctricos pasarán de 500 mil unidades en 2009 a 7 millones en el año 2020. Sin embargo, los métodos de extracción del litio más utilizados en la actualidad generan daños en el ambiente vinculados con su excesiva utilización de agua, lo que en principio no lo alejaría en este aspecto al común de las prácticas mineras.

En Argentina, otras dimensiones son también necesarias para establecer una comparación con tradicionales prácticas y territorialidades de la minería extendida como la del oro y la plata. En los contornos entre Catamarca, Salta y Jujuy, a pocos kilómetros de la frontera con Chile, habitan más de 46 comunidades indígenas kollas y atacamas –y muchas más que no tienen personería jurídica–, en zonas y poblados que comenzaron a ser el foco de atención de los proyectos de exploración y extracción del litio. Esto configuró un escenario conflictivo para las comunidades que se vieron empujadas a profundizar los lazos y la organización. Sus demandas conectan aquellas vinculadas con los derechos indígenas y de títulos territoriales, con una exigencia particular de participación en los beneficios que comporta la extracción del mineral que se sitúa en los territorios que ellas habitan y producen. Especialmente, la falta de información brindada a las comunidades sobre los proyectos de exploración, sobre las consecuencias en el ambiente y los recursos y sobre los planes de las empresas es el aspecto más oscuro de la trama del litio en Argentina.

El Salar del Hombre Muerto, ubicado en el límite entre Catamarca y Salta, comenzó su producción en el año 1998 a partir de intereses de la firma minera norteamericana FMC y la automotriz Nissan asociada al proyecto. Posteriormente se incorporó la explotación del Salar de Olaroz, en la Puna jujeña, proyecto que asocia a la trasnacional australiana Orocobre con la gran automotriz japonesa Toyota Tsusho, y en el que se introdujo incluso la participación directa de la provincia jujeña al negocio a partir de la creación de una empresa estatal (JEMSE), en el marco de los intentos desesperados de captar mayores recursos para el fisco provincial.

La fiebre del litio ha colaborado para que en los últimos años se multipliquen los pedimentos y proyectos de exploración de las salinas del norte, en el que tienen participación otras automotrices japonesas como Mitsubishi y la autopartista Magna o la automotriz coreana Kores. Los acuerdos ente las firmas abocadas a la extracción del litio y las firmas automotrices son un modelo de negocio que encarnan el objetivo estratégico para las últimas de asegurarse la compra de una determinada proporción del volumen de carbonato o cloruro de litio, acorde a la proyección de baterías que requerirán en la fabricación de autos eléctricos. La maximización del beneficio para las automotrices consiste justamente en asegurarse el recurso al menor precio posible regulando así el surgimiento de rentas diferenciales. Al mismo tiempo, esto se apoya en el marco legal actual que es el mismo que rige para el conjunto de la minería en el país, en el que la Constitución Nacional, el Código de Minería y la Ley Minera estimulan el encabezamiento de los proyectos de extracción por grandes firmas trasnacionales otorgando enormes beneficios impositivos.

Ningún lector desprevenido se sorprenderá al leer la dinámica de la división internacional del trabajo que se repite esta vez en el caso del litio. Los autores explican que “los países centrales son quienes consumen el litio sin excepción, no existiendo países periféricos entre los demandantes”. Bélgica, China, Alemania, Estados Unidos y Corea del Sur representaron en 2013 casi el 70 % de las importaciones de litio provenientes en lo general de Chile y Argentina, y cuyo destino final es predominantemente su industrialización para baterías. Las principales fábricas de baterías del mundo están radicadas en Estados Unidos, Alemania y China, lo cual no impide remarcar que un núcleo principal de productores se encuentre en el Sudeste asiático, con China, Japón y Corea del Sur ocupando un lugar cada vez más destacado en el mercado de fabricación de pilas y baterías. Todas estas empresas están ligadas a las automotrices y los grandes grupos energéticos que utilizan las baterías como almacenadoras. Así, la presencia de Toyota o Nissan en las empresas extractivas en Argentina es parte de este entramado global en donde el objetivo es proveerse a futuro el mineral para reducir el riesgo de inversión de capital a largo plazo en la industria de autos eléctricos.

El libro presenta también un recorrido minucioso por los distintos niveles estatales, ámbitos y eventos vinculados con las iniciativas emprendidas desde el Estado para desarrollar localmente los acumuladores de energía, y precisar en qué punto actualmente hay posibilidades concretas de hacerlo, más allá de voluntarismos e ilusiones. Porque, según se afirma, contar las baterías de Ion-Litio en el país supondría realizar lo estratégico del recurso. No obstante, la fabricación plena de las mismas es un sueño aún más lejano, en tanto se sostiene que el atraso tecnológico nacional es determinante de que el 80 % de los componentes necesarios debieran importarse.

Los autores retratan crudamente los intereses contrapuestos entre diferentes actores e instituciones del ámbito público, las voluntades políticas, los emprendimientos convencidos de ciertos sectores, los logros parciales, los impedimentos burocráticos, la desidia de proyectos y una permanente sensación de que estaría al alcance de la mano lograr la batería nacional pero por algún motivo esto nunca llega a concretarse. Así, la película muestra con un dejo de impotencia la forma de articulación ente la política pública, la investigación y la industria. Mientras que para el sector privado y automotriz industrializar era hacer carbonato de litio, en la esfera pública aparecería la voluntad de ciertos organismos como el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ciencia, la provincia de Jujuy y un conjunto de científicos de avanzar en la búsqueda de alternativas para la producción de baterías. Surgen entonces una Comisión Interministerial, grupos de trabajo, la asociación entre un grupo de científicos y una PyME nacional para conformar una empresa mixta de ensamblaje que provea al programa oficial Conectar Igualdad, la búsqueda de financiamiento en los empresarios fueguinos de aparatos electrónicos para un proyecto integral de producción local de las celdas de la batería, luego cambios de rumbo e intentos de seducir a multinacionales japonesas para instalar sus plantas en Argentina, y un final esperado: todos los intentos de impulsar la construcción de la batería de litio localmente fracasan. Así, la Argentina parece estar condenada a reproducir su ubicación subordinada como proveedor de materias primas a los centros industriales.

Lógicamente el intento de explicar este derrotero es la tarea más difícil. Escapar de los errores puntuales de tal o cual sector en la imposibilidad de desarrollar la batería localmente, para recordar los problemas estructurales del capitalismo dependiente argentino, es uno de los logros a destacar. Sin embargo, en el análisis concreto presentado parecería sobreponerse un problema de “fallas de coordinación” entre empresas, Estado y sistema científico y la necesidad de una planificación consensuada para superar las dificultades. Con esto se abre el paraguas para una nueva ilusión en donde se necesitaría “más Estado”, idea que se potencia con la esperanza depositada en las posibilidades brindadas por la fusión entre CONICET e YPF (Y-TEC), que no obstante se centraría principalmente en actividades de investigación en baterías de litio y no de producción.

En este punto nos vemos obligados a remitirnos a una pregunta clave en los estudios y debates sobre las vías al desarrollo en América Latina: ¿qué vinculación existe entre desarrollo e industrialización? Lo distintivo del enfoque presentado en la compilación respectiva es la comprensión íntegra del desarrollo como una transformación estructural sostenible y en función de una serie de dimensiones sociales fundamentales (especialmente se centran en aquellas que hacen a la reproducción de la vida de las comunidades y a la preservación de los recursos) y no meramente una reducción del mismo a la industrialización o al avance de la ciencia y la tecnología aplicadas a los procesos productivos. Sin embargo, a pesar de la mentada intervención estatal, esta no condujo en el caso en cuestión a los logros previstos en materia de desarrollo ni tampoco de industrialización, sino a una reproducción del esquema clásico dependiente de los países latinoamericanos. En esta encerrona es donde la palabra “geopolítica” cobra su total sentido, en tanto es necesario desmenuzar los límites del proyecto industrialista del litio considerando el papel dominante de los clusters establecidos en el mundo. Estos aspectos son valiosamente retratados en el libro, dejando abierta la puerta a una serie de interrogantes. ¿Podría una fábrica de baterías alentada por el Estado competir con los grupos multinacionales? Si estuviera abocada al mercado interno, ¿sería lo suficientemente atractiva la instalación de una industria local de baterías o resultaría más rentable a las empresas importarlas? Y, en todo caso, ¿de qué forma sería posible desarrollar tal fábrica local de baterías sin el control de la extracción ni de toda la cadena del mineral?

La apuesta del libro a la centralidad estatal para lograr una coordinación “público-privada”, o incluso también la propuesta de una cadena de valor totalmente centralizada por el Estado (no solo a nivel provincial o nacional, sino también a nivel regional en el Cono Sur) requeriría procesarse a la luz del propio carácter de clase (burgués) del aparato estatal, que se hace presente en el caso del litio, en el que no es ni ha sido casual la actuación concreta del mismo a favor de las empresas extractivas y los grupos multinacionales. ¿Por qué el Estado, que dio vía libre a la instalación de las multinacionales de litio, iría en contra de sus intereses?

Finalmente, quizás uno de los puntos que más se destacan del libro por captar subrepticiamente aquellos límites propios de la noción dominante de desarrollo, se encuentre sobre el final en un plano y una sintonía diferenciados. En un completo Anexo en el que se atraviesan explicaciones técnicas sobre las baterías Ion-Litio (bajadas a tierra para el lector no especializado), cuadros puntillosamente construidos con las características de todos los proyectos de exploración y extracción, mapas y precisiones sobre los tipos de extracción del litio en relación con el agua, tecnologías y recursos que emplean, arribamos a un apartado, el último, escasamente encontrado en este tipo de publicaciones más asociadas al campo académico. Las investigadoras salen de la oficina, se calzan las zapatillas y nos relatan su visión personal del trabajo de campo como una aventura hacia el sol, el viento y las alturas, en una especie de diario de viaje sin desperdicio. Entre otras cosas, esta invitación nos transporta a aquellas zonas de la Puna, alejadas de las grandes ciudades, en donde “las comunidades” van recibiendo a las recién llegadas habiendo entendido que ellas iban a consultarles no por la conflictividad en torno al litio sino por… el agua, “el gran problema”.

En otro informe del mismo medio - Las comunidades originarias frente a la extracción de litio – se afirma que los proyectos de exploración y explotación de litio en las salinas del noroeste argentino han entrado en conflicto con las comunidades kollas y atacama que habitan allí ancestralmente. El litio se presenta como un mineral asociado a las energías renovables, proyectos de transición energética y desarrollo sustentable. Sin embargo, su extracción afecta a las comunidades que viven en cercanías a los salares en su trabajo, su vida cotidiana y su cultura.

Las salinas fueron utilizadas por las comunidades originarias desde siempre. Antiguamente la sal cumplía un rol crucial en la articulación y comunicación entre las comunidades ya que se intercambiaba mediante el trueque por otros elementos. En la actualidad las comunidades han creado cooperativas ligadas a la explotación de la sal o trabajan como asalariados en pequeñas empresas, por lo cual la destrucción del salar significa la pérdida de su fuente laboral.

Los salares tienen además un carácter simbólico y cultural muy importante. Es su espacio de vida y tienen un significado espiritual: allí descansan sus ancestros y se encuentran sitios sagrados donde se ofrenda a la Pachamama. La minería obligaría a relocalizar casas, familias y sitios sagrados de gran importancia para su cultura.

La defensa del agua es el eje que articula las demandas todas las comunidades. El agua apta para consumo humano y animal es sumamente escasa. En un clima muy árido, la extracción de litio requiere la utilización de abundantes cantidades de agua, por lo que allí reside una de las razones principales del rechazo a esta minería. Las estimaciones realizadas calculan que por cada tonelada de litio extraída se evaporan alrededor de dos millones de litros de agua, una clara evidencia de que la minería del litio en salares es una minería del agua. Además, la perforación de los salares, implica la posibilidad de que se mezclen aguas dulces (que se encuentran a niveles profundos) con aguas saladas, lo que ocasionaría un doble daño ya que se salinizarían las aguas dulces impidiendo su consumo y se destruiría el salar, lo que significaría la perdida de estas culturas de siglos.

A la defensa del salar y del agua, se suma un tercer reclamo: la falta de información y consulta a las comunidades cuando se comenzaron los procesos exploratorios en sus territorios, uno de los derechos fundamentales garantizados por el artículo 75 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Ley 24.071).

Los factores mencionados anteriormente fueron un impulso para que las comunidades indígenas comiencen a organizarse frente a los proyectos de exploración y explotación. Se destacan dos procesos organizativos diferentes que encabezaron la resistencia: la “Mesa de comunidades originarias de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc” y el “colectivo La Apacheta”, surgido en las comunidades de Susques, en la cuenca Olaroz-Cauchari.

La Mesa de Comunidades originarias de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc agrupa a 33 comunidades que se autoconvocaron a comienzos de 2010, cuando comenzaron los movimientos por parte de las empresas mineras a explorar en sus territorios. En Geopolítica del Litio. Industria, ciencia y energía en Argentina, las autoras Florencia Puente y Melisa Argento sostienen que en la “Mesa de comunidades…” la estrategia de acción privilegió los canales institucionales y los mecanismos legales (aunque no exclusivamente) para garantizar los derechos de las comunidades originarias. Las 33 comunidades se encuentran en las provincias de Salta y Jujuy. En un primer momento se realizó el pedido de información al Juzgado de Minas en Jujuy, luego la demanda adquirió un carácter interprovincial y se demandó a las dos provincias. En el 2012 la lucha llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde las comunidades exigieron uno de sus derechos básicos: el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada y remarcaron que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes que agrupa cursos de agua en Jujuy y Salta. Pero los jueces Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda preguntaron una y otra vez en qué consistía el derecho de consulta y consentimiento indígena. Luego de las audiencias la CSJ decidió devolver la causa a la jurisdicción de las provincias involucradas y las comunidades decidieron llevar la demanda al plano internacional presentando una demanda indígena en la ONU y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También elevaron la denuncia ante el Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya. La estrategia jurídica no fue exclusiva, sino que fue reforzada con mecanismos de acción directa: en julio de 2011 más de 900 personas de 86 comunidades y organizaciones indígenas y campesinas realizaron un corte en la ruta nacional 52 en rechazo a los proyectos de minería de litio en gran escala, reclamando el cese de los proyectos y los títulos comunitarios.

La lucha de estas comunidades contra el extractivismo no está desvinculada de la lucha por la tierra y el territorio. Las comunidades de Cuenca Salinas Grandes no poseen títulos comunitarios, por lo que la exigencia de los mismos, es otra de las demandas fundamentales de la Mesa.

En diciembre de 2015, a 5 años de comenzado el conflicto y tras dos años de trabajo, la Mesa de las 33 comunidades presentó un documento titulado “Kachi Yupi. Huellas de la sal. Procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado para las comunidades indígenas de la cuenta de las Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc” presentado como un “ejercicio de autodeterminación”, en respuesta a las preguntas de los jueces de la Corte Suprema. En el documento elaborado y consensuado por las comunidades se detalla cómo debe realizarse el procedimiento de consulta y consentimiento libre, previo e informado por parte del Estado y las empresas ante cualquier acción que quieran realizar en los territorios pertenecientes a las comunidades. Los proyectos del litio en la cuenca de Salinas Grandes se encuentran en un estado de “latencia”. Actualmente están frenados y no se han dado pasos en la explotación.

El caso de las comunidades de Susques, situadas en la cuenca Olaroz-Cauchari, fue más conflictivo, ya que las comunidades se encontraban divididas entre quienes rechazaban conceder la autorización de exploración a las empresas y quienes aceptaban cederles derechos. Las promesas de modernización, reactivación económica y mejoras que las empresas traerían a la comunidad, generó ilusiones en un sector que derivó en divisiones intracomunitarias. La ausencia del Estado para garantizar derechos básicos como agua potable, electricidad, infraestructura, teléfono, etc., permite que los mecanismos clientelares de las empresas tengan efecto sobre algunos dirigentes indígenas y sectores de las comunidades que ceden a estas presiones.

Así, en septiembre de 2012, 20 personas firmaron el acta de cesión de permisos a la empresa por parte de la comunidad de Susques y a fines de 2014 se inauguraría el “proyecto del litio” habilitándose la explotación del mineral. En este contexto surge el colectivo La Apacheta, que reclama participación en el control y en torno a las ganancias y beneficios que se extraigan de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.

En las comunidades de Susques se expresan las divisiones de posicionamientos, donde a la defensa medioambiental, territorial e indígena, se suma la pelea en torno a la participación en la redistribución de los recursos y beneficios que obtiene la empresa [5]. En palabras del abogado del colectivo: “La demanda de La Apacheta es participación, control y capacitación. Participación en el control ambiental, participación en las ganancias, que tengan puestos jerárquicos, en el tema de que tengan gente de la comunidad en las aduanas. Es decir la participación a nivel general”.

Durante la última década, la profundización del modelo extractivo fue política de Estado. Avanzó sobre los territorios de los pueblos originarios, las comunidades fueron desplazadas por la soja y vieron desmontar sus territorios. La megaminería y el fracking implicaron la voladura de montañas y contaminación del agua y la tierra. El litio, bajo la investidura de “energía verde”, oculta los daños ambientales y sociales que genera su extracción a las comunidades originarias que habitan la zona históricamente. A pesar de los amplios reconocimientos jurídicos y la extensa legislación nacional e internacional que resguarda los derechos de los pueblos originarios, el Estado no garantiza que esos derechos se cumplan, por el contrario abre las puertas para que las empresas avancen sobre los territorios de las comunidades.

La llegada de las multinacionales a la Puna generó un impulso para que las comunidades comiencen a organizarse. Pero los viejos mecanismos de dominación del Estado se han mantenido y reforzado. Como sucede en muchos lugares del país, los procesos de organización y resistencia de las comunidades frente a estos avances son muchas veces reprimidos y criminalizados por los Estados, y los integrantes de las comunidades judicializados. Pero las comunidades resisten. La lucha contra el extractivismo es la lucha por la tierra y el territorio, es la defensa de sus derechos como pueblos indígenas, del medioambiente, de su cultura y forma de vida.