18 febrero, 2015

Justicia y democracia (tres notas)

Tres notas periodisticas para reflexionar sobre el rol de la justicia en medio de una agitada actualidad argentina que incluye la muerte de un fiscal, presiones mediáticas contra el gobierno y la omnipresente influencia de embajadas y gobiernos extranjeros sobre la operatoria del poder judiacial local. 
IXX-2015


miércoles, 18 de febrero de 2015

El silencio de los inocentes?

http://nuestraaldea.blogspot.com.ar/2015/02/el-silencio-de-los-inocentes.html

A la Corte Suprema de Justicia

Hoy los argentinos vivimos con estupor el descaro con que sectores del Poder Judicial y el Misterio Público Fiscal operan políticamente como un partido de oposición

Mientras la Argentina toda espera que cumplan su deber esclareciendo miles de causas criminales, entre ellas algunas emblemáticas como los ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada del Estado de Israel, sectores significativos del Poder Judicial pretenden tapar sus incapacidades, intereses corporativos y complicidades con los poderes fácticos sobreactuando actitudes opositoras. Para ello se esconden detrás del homenaje al fiscal Nisman cuya muerte, que requiere urgente esclarecimiento, conmueve al país.


Estos fiscales no son ignotos funcionarios, encarnación de una Justicia aséptica. Han tenido activa participación para turbar las transformaciones que el gobierno democráticamente elegido puso en marcha legítimamente: han frenado leyes aprobadas por el Parlamento, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; han trabado los intentos por democratizar sus órganos; han convalidando la invitación de la oposición a violar la Constitución al no cubrir las vacantes producidas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación; han abusado de las cautelares, de las prescripciones y en general han promovido la judicialización de la política. Ahora, atentan contra la figura presidencial al tratar de dar cauce de modo imperioso, sin el menor fundamento jurídico, a la denuncia reciente del Fiscal Nisman.

Además, con el pretexto de defender las instituciones, desafían al Poder Ejecutivo con el llamado a la marcha del 18 de febrero donde funcionarios del Ministerio Público Fiscal y magistrados exigen JUSTICIA, en términos abstractos, universales, como si no fuera esa su propia área de incumbencia como funcionarios.

¿Es esta la gobernabilidad deseable proclamada tantas veces desde la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA?

¿Es concebible que en nuestro sistema republicano, con el debido respeto a la división de poderes, la Corte se mantenga en silencio frente a esta convocatoria desestabilizadora, impulsada por Jueces y fiscales?

¿No será esta la forma en que la Corte pretende erigir al Poder Judicial como el verdadero custodio de una República conservadora, que ponga freno a los procesos de inclusión social y soberanía que se han venido gestando en esta última década bajo gobiernos democráticamente elegidos? ¿Es casual que esto ocurra en un año de elecciones presidenciales, cuando la oposición dispersa confía cada vez menos en desbancar en las urnas al proyecto nacional y popular? ¿No han sido suficientes los constantes embates de la prensa que multiplican las difamaciones, las presiones de los sojeros, las de los buitres y sus títeres locales…?

Sres. Jueces de la Corte Suprema de Justicia, es su deber, su responsabilidad histórica frenar esta autonomización de uno de los poderes de la República, esta evidente partidización política de los magistrados del Poder Judicial que pone en riesgo la vida institucional de un régimen democrático.

Es urgente que, como Supremos Jueces, hagan escuchar una palabra que sostenga la institucionalidad, que no es otra que la preservación de las garantías constitucionales para las autoridades legítimamente elegidas, desautorizando a este Partido Judicial en gestación, que parece cumplir hoy el rol desestabilizador que en otros tiempos cumplieron las Fuerzas Armadas.

Si hay jueces y fiscales que tienen la vocación de servicio y quieren legítimamente participar en política, que lo hagan ganando representatividad de cara a la sociedad.

Que no pretendan lograrlo a partir de su condición de magistrados o miembros del Ministerio Público Fiscal. De esta última manera harían un daño irreparable a la ya dañada confianza de nuestro pueblo en la Justicia.

A los argentinos nos costó mucho reconstruir las instituciones, recuperar y sostener la democracia y avanzar en un camino de dignidad y justicia para todos y todas.

Esperamos, necesitamos que nuestra CORTE SUPREMA DE JUSTICIA asuma su rol institucional y las responsabilidades que le competen.

Espacio Carta Abierta



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La “independencia” judicial

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-266395-2015-02-18.html

  Por Julio Maier *
Si existe un principio cuya invocación casi religiosa une a todos los jueces y funcionarios judiciales –creo que sólo yo me he permitido dudar sobre el alcance de este principio– es aquel nombrado en el título. Todos los jueces y casi todos los funcionarios, según conozco, son, ideológicamente, “independentistas” extremos y conceden al principio importancia republicana básica. Por lo demás, el principio es entendido tanto funcionalmente, esto es, relativo al poder estatal que los tribunales ocasionalmente representan frente a los otros poderes del Estado, al momento de proceder y decidir según su competencia, como también como característica personal de la definición de la palabra “juez”. Posiblemente mis dudas, acrecentadas mientras más próxima esta segunda visión, sean consideradas pecado mortal, blasfemia, brujería.

Pero he aquí que, pese a ese mandamiento primero, los mismos jueces no sólo han tolerado una organización judicial regida por el principio inverso, verticalizada al extremo, de modo que unos, denominados “superiores”, les enmiendan y corrigen las decisiones a otros, llamados “inferiores”, y aquéllos, los “superiores”, todavía tienen superiores a ellos mismos: existen tantos tribunales superiores como recursos con distinto nombre y fe de bautismo prevé la ley sobre el procedimiento judicial. Pero, además, los “inferiores”, a pesar del delito de prevaricato (CP, 269), se permiten decidir explícitamente en contra de su saber y entender, cuando la jurisprudencia –esto es, la decisión o las decisiones previas de los “superiores”– les indica comprender el caso de un modo distinto a aquel que constituye el leal saber y entender del juez que decide.

Pero, para mi horror, ha cobrado actualidad el hecho, afirmado en un libro publicado al parecer hace más de dos años –yo no lo he leído, pero procuraré hacerlo en breve si consigo un ejemplar–, corroborado por cierta prueba documental y no desmentido por sus protagonistas, de que un funcionario judicial recibía órdenes de representantes de Estados extranjeros o sometía sus dictámenes a un Estado extranjero para su corrección o se disculpaba ante los representantes de ese Estado por el hecho de haber decidido obrar de tal o cual manera o por no haber informado previamente su decisión. De eso, sin embargo, no se habla. Yo no puedo verificar si ello es o ha sido realidad, como tantas otras afirmaciones del mundo actual que alguien con cierto poder dice y a la gente de a pie sólo le es concedido creer o descreer, pero inmediatamente recordé mis años de ejercicio profesional, cuando un par de veces concurrí a los tribunales federales con la intención de hablar con un juez de esa competencia y algún empleado me sumía en el fracaso con la excusa de que el juez a entrevistar había sido invitado con sus colegas de fuero y competencia a almorzar en la Embajada de EE.UU. Todavía más: recuerdo con una sonrisa mi defensa de la madre de una alumna de la facultad –finalmente absuelta sin mi patrocinio, con defensa oficial (no aceptó ella la terminación del juicio a prueba que le proponían)–, que yo caratulé “contrabando de chinos” en un comienzo, nombre bautismal que repitió la sentencia absolutoria, causa en la que siempre sospechamos la intervención de la Embajada de EE.UU. en su promoción y aliento, por razones que aquí no viene al caso detallar ni podemos comprobar.

La primera acepción de la palabra independencia se vincula con la falta de influencia de las razones de conveniencia de un Estado extranjero en las decisiones que, según su competencia, toman los funcionarios de otro Estado soberano. Por ello esas sospechas y afirmaciones me sonrojan y provocan la llamada “vergüenza ajena”.

El significado republicano de esa palabra indica antes que nada la falta de vinculación de las decisiones de un poder del Estado con las decisiones que otro de sus poderes toma por razones de competencia y señala los límites de esta afirmación, pues, como se dijo desde antaño, todos los poderes del Estado están sometidos a un delicado equilibrio, como se debería notar, por ejemplo, en las relaciones entre la ley del Poder Legislativo y las sentencias de los tribunales.

Pero esa independencia, en el mundo actual, no puede querer decir, como lo sostiene alguna teoría jurídica, que cada juez, de los miles que existen en la República, tiene el poder de –esto es, la competencia para– no aplicar una ley del Congreso –del Poder Legislativo– bajo el fundamento de su “inconstitucionalidad” –contraria a una regla de la Constitución–, pues ello, al menos en el mundo moderno, significa incapacidad organizativa, por no decir vulgarmente “desmadre”. Ello debería hacer pensar en la competencia judicial, sobre todo, en la competencia de la Corte Suprema de la Nación, con el intento de derogar su estatuto originario –ley 48, de los albores de nuestra organización nacional y sus reformas parciales– y las consecuencias de su interpretación, para reemplazarlo por otro que nos conceda seguridad y firmeza sobre el papel real que esa Corte y sus jueces deberían jugar en nuestro Estado nacional.

Por cierto, la tan ansiada “independencia judicial” carece de ese sentido extremo si hablamos del ministerio público, tanto de la defensa como de la persecución penal. Aquí los límites se corren significativamente en razón de la predicada “unidad” del oficio.

* Profesor titular consulto de DP y DPP, U.B.A.


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“Ahora viene un golpe judicial”

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-266360-2015-02-18.html


El presidente de Bolivia dijo que antes fue el embate de los fondos buitre y advirtió que “quieren acabar con el proceso del pueblo argentino, imputando a la compañera Cristina”. Le apuntó a la derecha y recordó el caso del paraguayo Fernando Lugo.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió que en la Argentina hay un “golpe judicial” contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “atosigada por una denuncia que la acusa de encubrir a Irán en el caso del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994”. Morales planteó: “¿Qué ha pasado en la Argentina? Después de un intento de agresión económica, mediante los llamados fondos buitre, ahora viene un golpe judicial”. Lo hizo en su rol de conductor de un programa de radio en la región cocalera del Chapare, lugar que lo vio nacer a la vida política.

El gobernante boliviano se solidarizó con la Presidenta, quien fue imputada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga un presunto encubrimiento de aquel atentado, que habría beneficiado a funcionarios iraníes sospechados de haber participado en el ataque que dejó 85 muertos y 300 heridos, y cuyo esclarecimiento aún sigue pendiente. Pollicita retomó la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman, de cuya muerte se cumple hoy un mes.

“Seguramente piensan que con este golpe judicial van a acabar con el proceso del pueblo argentino imputando a la compañera Cristina. Ya eso pasó en Paraguay, ¿o acaso no recuerdan al presidente Fernando Lugo? Le dieron un golpe para acabar con su gestión, en 2012”, agregó Morales. A su entender, “la derecha argentina está haciendo movilizaciones para que la Presidenta pueda renunciar”. El presidente boliviano aprovechó el programa radial para entrevistar a dirigentes campesinos y reiterar su apoyo al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

En el mismo sentido, se había expresado ya el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien manifestó su apoyo a Cristina Fernández, y atribuyó la imputación del fiscal contra la mandataria a “un nuevo intento de desestabilizar por medio de instancias jurídicas”. Al brindar su tradicional informe semanal, el jefe de Estado ecuatoriano sostuvo: “Todo nuestro apoyo, nuestro corazón con Cristina, que enfrenta un nuevo intento de desestabilización, toda nuestra confianza en Cristina Fernández de Kirchner”. Al mismo tiempo, Correa consideró que la medida adoptada por Pollicita es “un nuevo capítulo de la restauración conservadora con la tentativa de atentar contra la democracia en Argentina. Esa restauración utiliza ahora las instancias jurídicas para tratar de desestabilizar a los gobiernos progresistas de nuestra América, y esto me huele a eso. Ya no hay golpes militares, ahora hay golpes legislativos, ahora hay golpes judiciales”. Para Correa, la brasileña Dilma Rousseff “también es víctima de esas fuerzas con el caso Petrobras”.

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