El desierto pampeano

EcoPress – Periodismo Ambiental

4 julio, 2024

Agua, Desertificación, Judicial, Ríos

El desierto del oeste pampeano: la otra cara del oasis mendocino

Hace 74 años los bañados del Atuel del noroeste pampeano desaparecieron por la desertificación. El voraz crecimiento del oasis mendocino acaparó toda el agua del río Atuel, y hace décadas que el río no corre por La Pampa. A pesar de las reglamentaciones, los fallos de la Corte Suprema y las frustradas negociaciones, la sequedad continúa reinando en lo que en algún momento fue un humedal.

• Por Maico Martini, periodista ambiental.

Hubo un momento en el que el noroeste pampeano fue un vergel, los cinco brazos del Atuel constituían un majestuoso bañado que refugiaba a miles de especies y sustentaba la pujante agricultura de La Pampa. Hoy, la zona es un árido y despoblado desierto donde la naturaleza y los pobladores luchan por sobrevivir día a día.

Durante miles de años el río Atuel escurrió desde los Andes mendocinos hasta las llanuras pampeanas, donde se une con el Salado para seguir su viaje hacia el Mar Argentino. El bañado del Atuel estuvo habitado por los pueblos originarios durante unos 10.000 años e importantes poblaciones de tehuelches, ranqueles, pehuenches y querandíes se desarrollaron gracias al bañado. Con la invasión de la “campaña del desierto” los nativos fueron despojados del lugar y la zona pasó a llamarse “Territorio Nacional de La Pampa”.

Con la posesión del territorio, el Estado impulsó diversas producciones agrícolas y ganaderas para poblar y explotar las tierras, el suelo fértil y el agua de deshielo del Atuel sustentaban los prometedores establecimientos y las primeras fincas del noroeste pampeano. En paralelo, los oasis productivos de Mendoza estaban en constante crecimiento y necesitaban cada vez más agua para sustentar sus producciones agrícolas y viñedos, entonces comenzaron a captar cada vez más agua del río para regar las miles de hectáreas del oasis sur y, en consecuencia, el elemento comenzó a escasear aguas abajo.

A finales del siglo XIX, la captación del agua en la cuenca media mendocina comenzó a sentirse en los bañados de La Pampa, donde se redujo significativamente el caudal. Igualmente, el agua seguía escurriendo en cantidad suficiente para la agricultura y el sustento de los humedales. En 1909 el Estado nacional creó por decreto Colonia Butaló, un establecimiento de 9.700 hectáreas dedicadas a la producción de cereales, frutas y álamos. La colonia era prometedora, pero su auge duró muy poco.

Para 1919 la situación era crítica, los diversos embalses en el sur mendocino interrumpieron el cauce del arroyó Butaló (uno de los brazos del Atuel) y, ante la falta de agua, la Colonia se desvaneció paulatinamente. El historiador Walter Cazenave cuenta que entre 1917 y 1948 todos los brazos del Atuel que entraban a La Pampa fueron desapareciendo por los aprovechamientos inescrupulosos aguas arriba, transformando los bañados en un desierto.

En 1947 la situación se agravó irreversiblemente, la inauguración del dique El Nihuil interrumpió el cauce del Atuel y el ultimo brazo del río se secó, así el noroeste pampeano comenzó a desertificarse: las lagunas se convirtieron en salitre, los humedales en dunas y los extensos pastizales en tierra seca y pequeños arbustos. Paralelamente, el oasis mendocino crecía gracias al abundante agua de la represa.

El embalse se sitúa al sur de Mendoza y fue erigido conjuntamente entre la Nación y la provincia, la imponente obra fue inaugurada por el Secretario de Industria y Comercio de la Nación, José Constantino Barro, y el Gobernador mendocino, Faustino Picallo. En la inauguración, Picallo celebró que el embalse beneficiaría a 70.000 hectáreas de cultivo, permitiendo ampliar el área agrícola de la zona. En el evento, las autoridades también destacaron la importancia del complejo hidroeléctrico El Nihuil, que hasta el día de hoy abastece a la zona y a la red interconectada.

Mientras al norte la situación iba viento en popa, en el sur se generó un éxodo rural y una trágica hambruna. Ante la falta de pasturas, el ganado pereció y los ganaderos observaron con impotencia la desaparición de su sustento, los agricultores atestiguaron el decaimiento de sus sembradíos; la pobreza se generalizó y los pequeños pueblos comenzaron a despedir a sus habitantes, que migraban en la búsqueda de un futuro más próspero. Ante este panorama desesperanzador, en 1949 el telegrafista Ángel Garay le envió una nota al General Perón para informarle sobre la realidad que estaban sufriendo.

“No había agua ni para tomar”, relata Garay al ser consultado por Canal 3 de La Pampa, quien subraya que tomó la decisión de comunicarse con el presidente de la Nación porque una mujer desamparada se le acercó con su hijo fallecido en brazos. Por aquel momento, La Pampa no era una provincia, sino que institucionalmente dependía del gobierno nacional.

Cuando Perón tomó conocimiento de la situación decidió reglamentar el aprovechamiento del Atuel mediante la resolución 50/49, que obligaba a Mendoza a realizar tres sueltas de agua anuales de una semana de duración cada una. Sin embargo, un tribunal mendocino -que no tenía competencia en el asunto- anuló la medida presidencial y, como el gobierno nacional no apeló, la situación se mantuvo durante décadas.

El río Atuel desapareció de La Pampa durante 25 años ininterrumpidos, hasta el 1973, cuando se realizó la primera suelta intermitente. En ese periodo, cerca del 40% de la población del lugar migró hacia zonas de desarrollo bajo riego o se reubicó en centros urbanos cercanos. Recién en 1952 La Pampa se convirtió en una provincia, y desde entonces las autoridades provinciales le reclaman a Mendoza un aprovechamiento justo del agua, pero los mendocinos ignoraron históricamente todos sus reclamos.

Ante esta situación, en 1979 los pampeanos se dirigieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación –CSJN- por el incumplimiento de la resolución de Perón, exigían que se libere agua y que se declare la interprovincialidad del río. Mendoza se mantenía firme, sostenía que el Atuel es un río mendocino y que, por lo tanto, tenían total libertad en el uso del agua.

Luego de deliberar durante largos años, en 1987 la corte emitió un fallo que declara al Atuel como un río interprovincial, es decir que ambas provincias tienen derecho sobre su uso, y ordeno que las partes lleguen a un entendimiento. Sin embargo, Mendoza tiene permitido regar 75.000 hectáreas antes de realizar sueltas periódicas con el agua sobrante. Pero Mendoza violó históricamente el carácter interprovincial del río, excusándose en que nunca alcanzó a regar esas decenas de miles de hectáreas permitidas.

Mientras el oasis mendocino seguía desarrollándose y apuntalándose como sector clave de la producción agrícola, la desertificación avanzaba en el noroeste pampeano. Hasta el día de hoy, los puesteros del nuevo desierto enfrentan una odisea para conseguir agua y deben realizar pozos de varios metros de profundidad para que el ganado tenga algo para beber. Hoy la agricultura es tan solo un recuerdo del pasado, y los pobladores sobreviven gracias a la ganadería de subsistencia.

En 2008 las autoridades nacionales, mendocinas y pampeanas volvieron a reunirse para negociar sobre el aprovechamiento equitativo del Atuel, allí acordaron realizar infraestructuras para evitar el infliltramiento y optimizar el uso del agua. La legislatura de La Pampa aprobó el convenio de inmediato, pero Mendoza tardó seis años en tratar el acuerdo y, finalmente, en 2014 rechazó el entendimiento.

En respuesta, pocos meses después La Pampa volvió a dirigirse ante el Alto Tribunal, argumentando que la interrupción del río provocó graves daños ambientales, sociales y económicos en el noroeste pampeano. Mendoza replicó aduciendo que se trataba “de cosa juzgada”, pero igualmente la demanda prosperó.

Para sustentar sus argumentos, el gobierno provincial y la Universidad Nacional de La Pampa –UNLP- impulsaron diversas investigaciones científicas para analizar los impactos socioambientales de la desertificación del noroeste pampeano. Uno de los estudios de la universidad advirtió que “el estado de conservación ecológica del sistema del río Atuel es crítico”, y alertó sobre la modificación de los servicios ecológicos, la perdida de la biodiversidad de la región, la eutrofización y salinización del agua y la alteración de las características geomorfológicas de la zona.

Paradójicamente, la casa de estudios señala que la falta de agua no es el único problema. Cuando la cuenca del Atuel recibe grandes cantidades de agua, Mendoza realiza sueltas esporádicas y repentinas. El río toma voracidad, se desborda del cauce y arrasa con todo a su paso, pero en pocos días vuelve a su habitual estado desértico.

Otro estudió de la UNLP analizó las consecuencias socioculturales de la interrupción del río. El equipo observó las historias de vida, las experiencias y las interacciones de los pobladores rurales del área donde confluyen el Atuel y el Salado, también entrevistaron a niños, funcionarios, docentes y referentes locales.

Las investigadoras destacaron que la privación del agua conllevó importantes pérdidas económicas y cambios en las prácticas productivas locales, los productores debieron readaptarse y suplantar sus actividades por otras que no formaban parte de su tradición. También subrayaron los efectos del éxodo rural, ya que para inicios de siglo había un despoblamiento casi total en el oeste. Por otra parte, la falta de agua impactó en todo el ecosistema y los recursos brindados por el monte son cada vez más escasos, también se perdió la pesca y “la cultura del río”, subrayan.

Luego de seis años de analizar el caso, en 2020 la Corte Suprema determinó que Mendoza debe liberar un caudal mínimo de 3,2 m3/s en el límite interprovincial, así el río volvería a correr y el bañado del Atuel resucitaría lentamente. Tras el fallo, el gobierno de Alberto Fernández convocó a las provincias para formar la Autoridad de Cuenca del Atuel, pero luego de cuatro meses de negociación las provincias no se pusieron de acuerdo.

Como un déjà vu, los mendocinos incumplieron el fallo del tribunal amparándose en la sentencia del ‘87 que los ampara a regar 75.000 hectáreas antes de liberar agua, además exigen realizar obras cofinanciadas para evitar las infiltraciones. Por su parte, La Pampa sostiene que el sistema de riego del oasis mendocino derrocha millones de litros de agua y exhortan a que Mendoza optimice el uso del recurso con sistemas de riego más eficientes.

Reservorios de agua en el área de riego del oasis sur.

La situación se mantuvo con una tensa calma durante unos años, hasta que en abril del 2024 La Pampa presentó un informe donde denuncia los incumplimientos por parte de Mendoza. La acusación cuenta con el respaldo de fotos, imágenes satelitales y datos oficiales mendocinos, allí sostienen que Mendoza podría cumplir con el falló si tuviese la voluntad de hacerlo.

En el informe, denuncian que “pese a los diferentes fallos, la gestión del sistema hídrico es controlado unilateralmente por Mendoza”, y destaca que “en términos de ingreso de agua a los embalses, tienen una situación favorable y podrían cumplir el fallo sin problemas”. Además, critican que en los últimos cuatro años los reservorios de agua en el área de riego del oasis aumentaron un 62,5%, de 160 a 260, y que “algunas acciones tienden al sobreriego en el fin de la temporada para recargar el perfil del suelo y alimentar las aguas subterráneas”. Asimismo, señalan prácticas incoherentes, como que una bodega recibió un caudal superior a los 3 m3/s, lo mismo que debería recibir la cuenca inferior.

En Mendoza mantienen la postura de la necesidad de obras para cumplir con la sentencia, desde el último punto controlado por irrigación hasta el límite provincial hay 160 kilómetros. «Es un lecho de río que es totalmente arenoso, muy ancho porque tiene poca pendiente, y después de tantos años de sequía es una esponja tremendamente seca. Los primeros meses empezamos a erogar prácticamente 5 metros cúbicos por segundo, tenían que llegar 3,2 m3 al límite, pero se empezó a llenar esa esponja y los primeros meses llegó muy poco”, se excusó Sergio Marinelli, Superintendente de Irrigación de Mendoza, en comunicación con Clarín  

Aunque reconoció que “no se ha logrado que exista un caudal permanente, porque para que eso suceda hay que hacer obras e inversiones”, insistió. Con respecto a los sobreriegos, indicó que en realidad se trata de un lavado del suelo, ya que estos suelos tienen un alto contenido de sales y cada varios años hay que hacerle una limpieza. Argumentos que presentaron ante la Corte en esta nueva etapa judicial.

Por su parte, los intendentes del sur mendocino se reunieron en General Alvear para defender los intereses de Mendoza. En paralelo, el Gobernador Alfredo Cornejo impulsa el “distrito minero Malargüe”, un proyecto que busca eliminar restricciones a la minería e impulsar unos 250 proyectos mineros, de concretarse, la demanda de agua por parte de Mendoza aumentaría exponencialmente.

Así, luego de 74 años de desertificación y la muerte de un ecosistema que en un momento supo ser un humedal, la disputa por el Atuel continúa indefinidamente.

***